REQUISITOS PARA SOLICITAR EL NUEVO 

ARRAIGO FAMILIAR

El vigente Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, establece al respecto de esta materia lo siguiente:

Artículo 124. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo. Se podrá conceder una autorización de residencia por razones de arraigo laboral, social, familiar o para la formación cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

“Por arraigo familiar:

a) (…) cuando se trate de persona que preste apoyo a la persona con discapacidad de nacionalidad española para el ejercicio de su capacidad jurídica, siempre que la persona solicitante que presta dicho apoyo tenga a cargo a la persona con discapacidad y conviva con ella. En este supuesto se concederá una autorización por cinco años que habilita a trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia.”

 

Como podemos comprobar, la normativa introduce una serie de conceptos indeterminados (“prestar apoyo”, “persona con discapacidad”, “ejercicio de su capacidad jurídica”, “estar a cargo”…) en los que se está dejando al arbitrio de las autoridades administrativas la definición de los mismos. Esto hace que dicha interpretación pueda ser más o menos restrictiva según el caso, por lo que es muy importante preparar muy bien este tipo de expedientes y aportar toda la documentación.

 

Esta documentación debe demostrar que, efectivamente, la persona española no se encuentra en condiciones de prescindir de la ayuda, apoyo y atención de su cuidador/a para llevar a cabo las tareas básicas de su vida cotidiana. Como no existe una documentación concreta que así pueda demostrar este aspecto, el éxito del caso dependerá de la forma en que se presente y justifique la situación de dependencia.

 

Cómo justificar el concepto de discapacidad

 

Tal y como decíamos, la normativa sobre arraigo familiar se apoya en conceptos que es necesario concretar, siendo el más importante el de discapacidad.

 

Si el ciudadano español tiene reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % mediante resolución/certificación administrativa, este será uno de los documentos más importantes del expediente, puesto que no cabrán dudas sobre esta condición en la persona.

Ahora bien, podría darse el caso de que la persona necesitada de cuidados no haya tramitado dicho reconocimiento del grado de discapacidad (o el mismo se encuentre en trámite), y sin embargo tenga reconocida una incapacidad permanente para trabajar por parte de la Seguridad Social.

 

Es muy importante saber que esta condición de incapacidad permanente ha sido equiparada al reconocimiento de un grado mínimo de discapacidad del 33 % por la normativa reciente. Por tanto, si se cuenta con dicho reconocimiento de incapacidad permanente no es necesario tramitar, con carácter previo al inicio del expediente de extranjería de arraigo familiar, el reconocimiento del grado de discapacidad. En estos casos bastaría con aportar al expediente la resolución de reconocimiento de la incapacidad permanente.

 

El cambio de normativa que hace esto posible viene marcado por la entrada en vigor, el pasado 2 de marzo de 2023, de la Ley 3/2023 de empleo, donde se señala que toda persona pensionista de la Seguridad Social que tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o de gran invalidez, tendrá reconocido un mínimo del 33 % de grado de discapacidad.

 

Cómo demostrar la condición de estar a cargo y prestar apoyo

 

Así las cosas, una vez aclarado el punto más polémico para determinar si la persona puede considerarse o no como que padece una discapacidad que le impida valerse por sí misma, habrá que demostrar en el expediente que es el extranjero solicitante quien efectivamente apoya, atiende y está a cargo de esa persona, y de que sin los cuidados del mismo no podría llevar a cabo su vida cotidiana de manera digna.

 

En primer lugar, como establece la propia regulación, hay que demostrar la convivencia, siendo el documento oficial más común el certificado colectivo de empadronamiento, aunque existan otras opciones menos recomendables. Asimismo, aunque no se exige un tiempo mínimo de empadronamiento en común, siempre es favorable tener la mayor antigüedad posible.

 

En segundo lugar, es muy importante que la persona discapacitada (o quien ejerza la patria potestad o tutela sobre la misma si no existe o está modificada la capacidad jurídica) comparezca ante notario y dicte un acta de manifestaciones en la que declare solemnemente la dependencia que tiene del solicitante, el tipo de cuidados que le garantiza y la incapacidad para llevar a cabo todo ello por sí misma. Esta declaración puede complementarse con declaraciones de testigos (incluso ante el propio notario), documentación médica que justifique las patologías invalidantes que padece, y documentación que acredite las gestiones y trámites que realiza habitualmente el cuidador/a en nombre de la persona con discapacidad (citas médicas, farmacias, gestiones administrativas, bancarias, comerciales, etc.).

 

En cuanto a la documentación personal del solicitante que debe aportarse al expediente, sólo resulta necesaria la copia completa de su pasaporte en vigor y certificado de antecedentes penales de su país de origen, debidamente legalizado o apostillado según el caso. No es necesario, como hemos adelantado, demostrar un tiempo mínimo de permanencia en España con anterioridad a la solicitud, como sí sucede con el arraigo social (3 años) o con el laboral o el nuevo arraigo para la formación (2 años en ambos casos).

 

Un caso de éxito en la solicitud de este arraigo familiar

 

La autorización concedida otorgará derecho de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena, sin restricciones de ningún tipo, durante un período de cinco años. Esta es otra de las grandes ventajas de este tipo de autorización frente a la del arraigo social, por ejemplo, el cual se concede sólo por un año y luego se deben acreditar otros requisitos para su renovación.

También debemos insistir en que esta nueva figura de arraigo, a pesar de que se concede porque se están haciendo labores de cuidador o cuidadora, no exige la presentación de una oferta de trabajo, lo cual es otra de sus grandes ventajas.

Fotografía: Pixabay